La mayoría reconocen al archipiélago de San Andres y Providencia como un destino turístico por excelencia, visitado y reconocido por millones de personas, en donde todo gira alrededor del turismo, del bureo y la diversión. Pero generalmente no lo reconocemos como Puerto Libre. Exento de IVA y con un único pago de impuesto al consumo para las importaciones.

Otra característica de este hermoso territorio insular colombiano, quizá muy poco conocida, es la poca o nula fabricación interna de productos de toda índole, para suplir las necesidades locales. Lo que abrió la puerta, desde hace muchas décadas, a los negociantes y distribuidores de toda clase de productos y servicios para suministrar a la comunidad isleña.

En materia logística, la cadena de suministros tiene un eslabón fundamental. Eje de todo el comercio en la isla, y este ha sido el Transporte Marítimo & Aéreo. Rubros que marcan el ritmo de la economía local y la dinámica de la canasta familiar. Con fuerza casi monopólica, aun vigente, desde que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, declaró en 1953 a San Andres como Puerto Libre.

Cuenta la Leyenda…

Que el 21 de diciembre de 1959, el presidente Alberto Lleras Camargo sancionó la Ley 127 que legisla el puerto libre de San Andres. Pero solo a inicios de la década de los 90’s se comenzó a ver como una realidad bajo el control directo de la gobernación insular y la DIAN regional.

Que luego de la entrada en vigencia de la ordenanza 005 de la Asamblea Departamental, creada como un acto reglamentario de la Ley 47 de 1993 y el artículo 310 de la Constitución Nacional. Determinó que las islas deben contar con un Puerto Libre regulado por un régimen aduanero, de comercio exterior y cambiario especial.

Cuando la ordenanza en mención fue puesta en práctica, la DIAN se sintió vulnerada en sus funciones y reaccionó en contra de los intereses del comercio y la comunidad isleña. De acuerdo con las autoridades insulares y los gremios económicos locales, la DIAN en San Andres, nacionalizaba las mercancías aplicando normas aduaneras de carácter general.

Contradiciendo el espíritu de las leyes especiales creadas para el archipiélago. Lesionando de esa forma los intereses de los comerciantes legalmente constituidos alrededor del puerto libre local. Así, la dirección nacional de esa entidad comprendió la situación y dio lugar a la firma de un nuevo convenio. Que es una síntesis de la misma ordenanza y otras facultades que rigen desde entonces.

De allí, se ratificaron leyes como: Ley 47 de 1993 y el Decreto 2685 de 1999 (Título X, capítulo I) en donde se dio forma & fondo al marco jurídico aduanero que catapultó la transformación de la isla en centro comercial y turístico que actualmente conocemos.

EN LA ACTUALIDAD…

Hoy, con ayuda de la constante masificación de internet y la perpetua búsqueda de alternativas para mejorar todos los aspectos de vivencias de los casi 80.000 residentes. Ha motivado una revolución sin parangón en el emprendimiento de muchos innovadores, sucesores inconexos de aquellos negociantes insulares.

Lo que inevitablemente incrementó el tráfico marítimo y aéreo de carga de toda índole desde diferentes orígenes nacionales e internacionales.

Este nuevo impulso en la economía insular ha permitido a los prestadores de servicios de transporte, ofrecer fletes y servicios más competitivos, regulares y efectivos.

Brindando a toda la comunidad isleña una amplia gama de artículos, bienes y servicios que mantienen sincronía con las tendencias y novedades mundiales. Pero a unos costes mucho más elevados comparativamente con otros destinos internacionales.